admin 7 febrero, 2019Por: Ximena Covarrubias Faure, y la colaboración de Xicani Godínez López.
El mensaje está claro: para este gobierno las personas con discapacidad son todo menos personas, al menos en datos oficiales.
Desde el año pasado se declaró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda 2020 dejará fuera del cuestionario básico a las personas con discapacidad (PcD), es decir que únicamente se harán preguntas para conocer sobre esta población en una muestra de 800 municipios (de 2,500 totales) en lugar de hacer el censo casa por casa. El INEGI justificó que se trata solo de un cambio en la metodología, pero todo suma —o en este caso, resta.
La siguiente gran polémica se dio en los últimos días del año pasado, los famosos recortes presupuestales cobraron víctimas en los programas dirigidos a PcD. Son en total más de 357 millones de pesos que se pierden en materia de salud, educación, accesibilidad y apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo claro de los recortes es el designado a la accesibilidad en el transporte público donde se redujo el presupuesto en 100 millones de pesos. Por eso, el 20 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas con discapacidad se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir un cambio.
Se les pasó la mano y no contemplaron la existencia del Conadis o, simplemente, no le han dado la importancia suficiente.
Continuando con la lista de controversias y sumando a las incongruencias en el discurso de “gobernaré para todos” pronunciado un sinfín de veces por el presidente, está la silla vacía que debería ocupar un titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis) ya que desde el fin de la administración de Peña Nieto no se ha asignado a alguien que se encargue de la institución. es decir, casi 100 días con la vacante disponible. ¿Qué quiere decir esto? Una de dos: que dentro de los evidentes recortes se les pasó la mano y no contemplaron la existencia del Consejo o que, simplemente, no le han dado la importancia suficiente para asignarlo. Cualquiera de las dos opciones deja mucho que desear.
Y por último, pero no por eso menos importante, está la controversia que tuvo Conadis con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuando este último le ordenó al Consejo que diera a conocer las campañas emprendidas para mejorar la imagen y promover los derechos de las mujeres con discapacidad en el periodo 2014-2018. En respuesta Conadis enumeró una serie de acciones y programas de los cuales, tras una revisión exhaustiva del INAI, solo uno se podía adjudicar directamente al Consejo ya que los otras se dirigían a instituciones como Inmujeres.
En suma, estos cuatro hechos que involucran y afectan a las PcD en nuestro país, tienen en común la inconsistencia. Inconsistencia en números, acciones e información. Parece una cadena, ya que sin datos específicos no se pueden definir presupuestos para políticas públicas y programas, pero tampoco se pueden aplicar si no hay un encargado en el gobierno que se cerciore de que lo hagan.
En el afán de continuar con la austeridad se están recortando más que puestos públicos y programas: se están recortando del panorama a las personas que lo conformaban.
Con información de la Revista Siempre.
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